Ley de Comunicación Social, democracia y rendición de cuenta

Cuba estrena la Ley de Comunicación Social, esa norma de fuerza mayor que reconoce el ámbito comunitario como uno de los tres escenarios esenciales de las relaciones socioculturales humanas. La norma legal articula, a lo largo y ancho de su texto, la participación popular como derecho y deber de cada ciudadano.

Autor: Rafael Cruz Ramos, director de Políticas Mediáticas del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

Cuando subimos al portal de la tienda, con su viejo alero de tejas y sus columnas añosas pero firmes, ya el delegado estaba ahí. La electricidad había llegado al reparto minutos antes, prendiendo los bombillos y la algarabía de la noche. El delegado se ubicó tras la mesa, a su lado la bandera; junto a ella, sujeto a la pared, el Escudo Nacional. El delegado alzó la mano invitando al silencio, miró su reloj y pidió, con voz fuerte y segura, cantar el Himno de Bayamo.

Ha pasado tiempo desde la última vez que asistimos a una reunión de rendición de cuenta. Atrás quedaron los días del confinamiento por la pandemia, luego otros muchos factores se alinearon para aplazar este proceso, que no son solo las asambleas, sino que comprende un muy completo sistema de seguimiento a los planteamientos, a las opiniones y sugerencias de las personas. Involucra desde la Asamblea Nacional hasta la más alejada circunscripción, desde la más pequeña unidad hasta los ministerios; un proceso diseñado para implicar a todo el sistema político en el ejercicio de la dirección colectiva.

El proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores ocurre en uno de los momentos más tensos de la historia de Cuba. Tenso por las carencias y las deformaciones en la economía cubana, cercada y perseguida por la odiosa política de bloqueo del Gobierno estadounidense, que impide el acceso a combustibles, recursos, financiamiento y, además, con los no pocos problemas de gestión administrativa, a lo interno de la nación.

Este proceso llega, además, en un momento en el que Cuba estrena la Ley de Comunicación Social, esa norma de fuerza mayor que reconoce el ámbito comunitario como uno de los tres escenarios esenciales de las relaciones socioculturales humanas. Esta Ley llega a tiempo para reforzar los derechos que la Revolución ha dado históricamente al pueblo, como ser parte activa en las relaciones políticas. La norma legal articula, a lo largo y ancho de su texto, la participación popular como derecho y deber de cada ciudadano.

Insiste la Ley en reforzar el liderazgo del delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, y contribuir a través de una mejor práctica de comunicación a cumplir el rol que desem­peña en la unidad de los factores del barrio, además de favorecer, de forma pertinente, la transparencia y el control popular sobre los eventos que transcurren en ese pedacito de país que a cada cual nos corresponde, y que llamamos comunidad, barrio, circunscripción.

Es decir: involucrar a los vecinos en la identificación real de los problemas; diferenciar los propios de los que no se generan allí, sino que dependen de empresas y entidades provinciales o nacionales, cuyos representantes tienen la obligación de acompañar al delegado en la asamblea, a fin de informar adecuadamente el estado de solución o no de las contradicciones que afectan a los vecinos, especialmente esos que dependen de lo administrativo, de la cooperación, de la creatividad, o del cumplimiento de un compromiso real con las personas.

Esa participación de los representantes de las entidades en las asambleas también es reconocible en el capítulo dedicado a la comunicación organizacional de la Ley 162, cuando implica a los cuadros en el aseguramiento de la gestión de la comunicación externa como responsabilidad social.

En la práctica de la rendición de cuenta, al delegado le corresponderá presentar un informe honesto, sin pesimismo, que explique con objetividad las dificultades, sin regodeos en lo inútil, que insista en las ideas y proyectos para responder de forma pertinente, dentro de los límites de su responsabilidad, a esos asuntos que siguen sin encontrar el camino de la solución.

En la asamblea, en el viejo portalón de la tienda, el representante del pueblo culmina su informe con palabras de aliento, dobla el documento con cuidado, mira a los ojos de los allí reunidos y deja el escenario listo para el debate. Sabe que ahora le corresponde escuchar y conducir con firmeza el diálogo, para que no se excedan los apasionados ni se tuerzan los caminos de la polémica.

Luego de una pausa, las manos se alzan, y la democracia atiende.

Tomado de Granma Digital.