Un importante cuerpo normativo que implica más deberes y derechos para todos y todas en Cuba, más control y participación popular, más transparencia, está en vigor desde el pasado 13 de marzo de 2025: La ley 167/2023 “Del Sistema de Atención a las Quejas y peticiones de las personas” y el Decreto 112/2024, su Reglamento.
Se trata de una norma que regula la estructura y funcionamiento del Sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas a las autoridades, directivos, funcionarios y empleados del Estado, así como a las personas naturales o jurídicas no estatales que prestan servicios públicos, realizan alguna función pública o ejercen potestades públicas, acorde con su encargo u objeto social.
Desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República el pasado 13 de diciembre a lo largo de todo el país se ha desarrollado un importante proceso de intercambio, preparación, estudio y capacitación, que ha impuesto repensar a todos los niveles y en todas las estructuras cuán preparados estamos para entender las nuevas y desafiantes responsabilidades que impone la norma, sobre todo para los que – como servidores públicos – tenemos una alta responsabilidad y compromiso con el pueblo al que pertenecemos.
Téngase en cuenta, además, que es una Ley sin precedentes en nuestra historia y que recoge el quehacer de las más variadas y válidas experiencias ya existentes, de normas y procedimientos escritos – pero de menor envergadura – así como de la voluntad política del país de seguir perfeccionando, especializando, acercando y agilizando todo lo que implique atención y respuestas a lo que más preocupa y aqueja hoy a nuestra población.
El Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas tiene como principios su supremacía constitucional y apego a la legalidad, en tanto transversaliza y responde al entramado legal existente hoy en Cuba, incluyendo otras normas de reciente aprobación y entrada en vigor como la propia Ley 162/2023 “De Comunicación Social” y sus disposiciones normativas complementarias.
Entre sus premisas, la ley 167/2023 resalta la vinculación permanente con el pueblo, objetividad, imparcialidad, celeridad, transparencia, comunicación, la oportunidad, veracidad y calidad de la información que debe manejarse y generarse, la discreción, privacidad y sensibilidad ante los asuntos que se conozcan y por supuesto, la no discriminación.
El Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) ha tenido entre sus prioridades durante estos primeros meses del año, una revisión exhaustiva de cómo se ha trabajado la atención a las quejas de la población hasta entonces y el camino a seguir para la implementación de esta nueva norma jurídica, discutida con nuestros cuadros, directivos y trabajadores a diferentes niveles.
Al hacer una mirada al año 2024, se recibieron un total de 1724 quejas de 1606 promoventes, en su mayoría por vía telefónica o correos electrónicos, relacionadas con la programación de la radio y la televisión cubanas. Tras la entrada en vigor de la Ley 162/2023 “De Comunicación Social” creció el interés por temas relacionados con el ICS, su misión y funciones, en particular los trámites concernientes al uso de la Marca País y los Registros Nacionales de Publicaciones Seriadas y sitios web, entre otros.
A partir del estudio y para dar cumplimiento a la nueva norma jurídica de Atención a las Quejas y Peticiones de las personas, sobresalen algunas interrogantes que la propia ley nos define: ¿Qué tipo de estructura(s) o formas organizativas necesitamos? ¿Cómo seguir ampliando y preparando al personal idóneo? ¿Cómo perfeccionar las condiciones de trabajo de ese personal? ¿Cómo hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías para ello? ¿Qué otras normas o procedimientos necesitamos elaborar para cumplir con estas exigencias y responsabilidades?
Se impone seguir preparándonos y transformando procesos, procedimientos, normas internas y asegurar la existencia del personal más calificado y sensibilizado, ampliar las vías y canales de comunicación con las personas. En ese camino andamos.